Detener el exterminio del pueblo Qom

1 de agosto de 2013


Una vez más los pueblos originarios sufren, no sólo la persecución, sino directamente distintas prácticas de exterminio, que dan continuidad al genocidio indígena que enluta nuestra historia.
Hoy tenemos que denunciar, con dolor y con indignación, el asesinato de la joven qom, Juana Gómez, de 15 años, que se suma a las numerosas muertes y agresiones físicas con graves secuelas que vienen sufriendo los miembros de dicha comunidad.

A pesar de las múltiples denuncias realizadas, la represión directa y la represión tercerizada contra los pueblos originarios continúa desplegándose en una magnitud alarmante.
Desde asesinatos directos por parte de las fuerzas de seguridad y de los terratenientes, hasta “extraños” accidentes de tránsito, o aparentes delitos comunes, hoy suman casi dos decenas el número de muertes de miembros de las comunidades originarias en distintos lugares del país, especialmente en el norte del país.
Como hemos señalado en oportunidad de otra denuncia, tanto el gobierno nacional como los provinciales, recurren a la extorsión y la cooptación, contracara complementaria de la represión, convirtiéndose en cómplices de los poderosos intereses sojeros, mineros y petroleros que pretenden desplazar a las comunidades para quedarse con sus tierras.
El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la vida y el conjunto de los derechos humanos de nuestros hermanos, incluido su derechos a la tierra y a su cultura. Lejos de hacerlo, mientras se proclama defensor de los derechos humanos, encubre estos hechos con un hipócrita manto de silencio.
La presidenta de la Nación se ha negado sistemáticamente a recibir a los referentes de las comunidades indígenas, quienes han solicitado reiteradamente ser escuchadas.
Por otra parte, en el sur de nuestro país, las comunidades mapuches se encuentran ante la amenaza y violencia del despojo de sus tierras, debido al avance de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, mediante una técnica muy controversial, que ha suscitado prohibiciones y moratorias en varios países, la fractura hidráulica o fracking. Tal es el caso, por ejemplo, del reciente acuerdo de YPF bajo cláusulas secretas con Chevron, prófuga de la Justicia ecuatoriana por delitos de contaminación y violación de los derechos colectivos.
Ante el silencio y el ocultamiento oficial denunciamos una vez más, que reaparece la sombra de la llamada campaña del desierto, con nuevas formas, pero con los mismos objetivos: el despojo de las tierras de los pueblos indígenas y el intento de impedir que se extienda la rebeldía en defensa de sus legítimos derechos ancestrales.
Desde Plataforma 2012 expresamos nuestra solidaridad con nuestros hermanos indígenas, que defienden sus derechos a la tierra y a su propia cultura. Llamamos a sumar todas las voces para frenar el acoso sistemático del poder sobre su vida y sus derechos.