Aborto no punible y Aborto legal - Resumen

Diciembre de 2012

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El tema del aborto constituye un verdadero analizador social. Es un tema prioritario de salud pública y pone en cuestión problemáticas como el control social sobre el cuerpo de las mujeres, la violación de sus derechos humanos, la morbimortalidad materna, la perpetuación de los estereotipos de género, la injerencia de las jerarquías eclesiásticas en las instituciones, la construcción social de la maternidad.

Estos problemas están atravesados por la pobreza y la desigualdad social. Cotidianamente miles de mujeres pasan por terribles sufrimientos al estar obligadas a realizarse abortos clandestinos, en su gran mayoría en condiciones que no cubren los requisitos necesarios de salubridad. La tasa de morbimortalidad y de judicialización, como producto de estas prácticas, es muy alta.

 Esta problemática afecta a las mayorías, y sí bien compromete al conjunto de la sociedad, incide especialmente sobre los sectores más desposeídos.

Las campañas contra el aborto tienden a banalizar una decisión que siempre resulta muy complicada y dolorosa para cualquier mujer. Sí bien se trata en lo fundamental de una reivindicación de género, es necesario tener en cuenta que, desde un lugar diferente, también involucra a los hombres.

Silenciado por el poder político, invisibilizado durante varias décadas, fueron los movimientos de mujeres, a través de la práctica social y el debate, los que instalaron en la escena pública el tema del aborto, subrayando la cuestión que hace a la trama compleja de las relaciones sociales de opresión. También fueron los movimientos de mujeres los que desnaturalizaron las desigualdades de género, inscriptas a su vez en las condiciones de desigualdad social, y fueron obteniendo, hace no tanto tiempo, diversos derechos, como el derecho al voto.

“Educación para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, abarcativa de la globalidad de la problemática, es una consigna que atravesó la barrera del silencio que se quiso imponer sobre el tema.

En nuestro país, la aplicación del aborto no punible consagrado en el Código Penal y que fuera objeto de un fallo exhaustivo de la Corte Suprema de la Nación encuentra permanentes obstáculos para su aplicación y no resuelve el problema de fondo.

El reclamo por la legalización del aborto pretende cambiar la legislación penal, adoptando un modelo que despenaliza el aborto hasta determinado momento de la gestación e incluye ciertas causas si se excedió ese plazo. Este modelo es el vigente desde hace tiempo en países como Estados Unidos, Cuba y el Distrito Federal de México y acaba de ser adoptado por ley en Uruguay.

El proyecto de la ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que aboga por la sanción de una ley que despenalice el aborto hasta la semana 12 de gestación y luego legalice ciertas causas, fue adoptado reiteradamente por muchos legisladores. Se discutió por primera vez en la historia argentina el 1 de noviembre de 2011 en el Congreso, después de dos audiencias públicas. La jornada culminó con un dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Penales de la Cámara de Diputados, que fue impugnado alegando que se habían contabilizado mal los votos. Perdió estatus parlamentario por segunda vez, y tuvo que ser presentado por tercera vez en marzo de este año.

Cuando se habla de aborto se habla necesariamente de democracia. No pueden enarbolarse ideales como la “inclusión” si éstos son indiferentes a un problema que afecta a la mitad de su población. No existe “justicia social” en un sistema que ignora el impacto del aborto inseguro sobre la población más vulnerable. No puede hablarse de “igualdad” cuando se criminaliza un procedimiento médico que sólo las mujeres necesitan. El reconocimiento de las mujeres como habitantes igualmente dignas que los varones en el ejercicio de la ciudadanía exige la despenalización y la legalización del aborto.