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Los bienes públicos de la Ciudad de Buenos Aires no pueden darse a remate

Con media sanción de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con el voto favorable de 44 legisladores se aprobó el 3 diciembre del año pasado, en primera lectura, sin debate y sin discusión,  la creación de una sociedad estatal, la AGENCIA DE BIENES SE. (1)  Se trata de la creación de un ente autónomo que se adjudica el derecho de vender todos los terrenos y edificios de dominio público de la Ciudad ubicados al norte de la Avenida San Juan. Con este proyecto, sumado al de la Corporación del Sur y la Corporación Puerto Madero, el territorio completo de la Ciudad queda en manos de la voluntad exclusiva del Poder Ejecutivo: cada decisión que se tome respecto de ellos no pasa por ningún control público, ya sea la Legislatura, las Comunas o cualquier instancia de decisión ciudadana. En el proyecto de ley se esgrime un solo argumento: cualquier bien público puede ser enajenado si el Gobierno de la Ciudad lo considera innecesario para la gestión.

Ninguna ciudad del mundo reduce su patrimonio con un argumento tan simplista e incomprensible como el de la falta de necesidad. Es inaceptable que se pretenda enajenar el patrimonio de una ciudad  sin tener un plan de desarrollo urbano que determine qué ciudad necesitamos. No se puede y no se deben tomar decisiones sin contemplar el futuro social, sanitario, cultural y ambiental de toda la población.

Nos preguntamos entonces: ¿Qué quiere decir que un bien común es innecesario para la gestión? ¿Dónde están las necesidades concretas de la ciudadanía en este principio?

Estamos ya ante una ciudad donde el espacio público es escaso, en la que plazas, parques y veredas están seriamente comprometidas y las áreas verdes han dejado de guardar relación con la cantidad de población. La Organización Mundial de la Salud recomienda 14m2 por habitante y, hoy por hoy, Buenos Aires, en sus cálculos más optimistas, cuenta con menos de 3,5m2. Atenta contra el bienestar general que se quieran vender tierras, espacios o edificios para uso privado. En este contexto, desarrollar proyectos de este tipo está en contra de la tendencia mundial de preservar los bienes urbanos para los beneficiarios de hecho: la comunidad en su conjunto.

La lista de predios en vías de privatización no ha sido publicitada oficialmente. Toda información al respecto es difusa. En tratativas de urbanización y venta están, entre otros, el Tiro Federal Argentino en Núñez, el Dorrego en Colegiales, el Cuartel de la Policía Montada en Palermo, el Empalme Ferroviario Norte en Retiro. También el Autódromo, el Centro Cultural Recoleta, el CEMIC, el Distrito Joven Costanera Norte, la Casa Amarilla de la Boca y otros que ya corren por cuerda separada.

La información recabada con dificultad revela más de 2.400 inmuebles que involucran a 12 de las 15 comunas. El mapeo de bienes a enajenar se potencia con las grandes fracciones indivisas de propiedad del Estado Nacional en el territorio de la CABA y revela un cuantioso botín público al servicio de la especulación inmobiliaria de grupos de capital privados. Sin información, planificación, ni control, se pone seriamente en riesgo el futuro urbano-ambiental de una ciudad inundable, con déficit de espacios verdes y desarrollos urbanísticos tipo Puerto Madero en la banda costera del río de La Plata, a la vez que se extingue el potencial de aprovechamiento público de este capital social-urbano.

Estamos ante un proceso de asociación especulativa de tierras públicas en beneficio del usufructo privado que amenaza el futuro de la Ciudad. Se trata de la aplicación de un modelo extractivo cuya única finalidad es beneficiar a unos pocos desarrolladores estimulados por un atractivo económico que contrariamente a la lógica, no engrosa las arcas públicas, sino que las saquea.

Además, desde el punto de vista jurídico, la creación de la AGENCIA DE BIENES SE es de una flagrante inconstitucionalidad: se trata de una delegación indebida del poder Legislativo y de las Comunas torciendo el mandato constitucional y aboliendo el derecho vecinal a determinar la identidad de su hábitat. El Estado está actuando exclusivamente como promotor de los negocios privados, de la especulación inmobiliaria. En este sentido se violan, entre otros, los Artículos 82, 84 y 89 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. A este accionar no fue ajena, una vez más, una alianza entre los Legisladores porteños del kirchnerismo y los del PRO, quienes, desde hace ya varios años no vacilan en votar conjuntamente aquellas leyes que se unificaron en el llamado “Pacto Pro-K” y constituye, hasta el momento, la tercera privatización de bienes públicos de la Ciudad después de la creación de Puerto Madero y la Corporación del Sur.

Seriamente preocupados, consternados por las consecuencias incalculables del proyecto en caso de sancionarse definitivamente la Ley, Plataforma 2012 quiere llamar a la reflexión a los responsables de su sanción definitiva. Es la ciudadanía en su conjunto y no un grupo de operadores quienes deben decir qué ciudad queremos. En ella están involucrados nuestra salud, nuestra calidad de vida, nuestro equilibrio social y ambiental y nuestros bienes simbólicos. Rechazamos una ciudad al servicio de la especulación inmobiliaria donde en el altar de los negocios se sacrifica nuestro hábitat, nuestros bienes comunes, nuestra salud, nuestro patrimonio arquitectónico y cultural de la Ciudad. No podemos permitirlo.

(1) Votaron a favor de la Ley: José Luis Acevedo (PRO), Gabriela Alegre (FPV), Jorge Aragón (FPV), Juan Pablo Arenaza (PRO), Christian Bauab (PRO), Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro), Cecilia de la Torre (PRO), Agustín Forchieri (PRO), Edgardo Adrián Form (Partido Solidario), Gabriel Fuks (FPV), Jorge Garayalde (PRO), Alejandro García (PRO),Cristina García de Aurteneche (PRO), Agustín Garzón (PRO), Dante Gullo (FPV), Raquel Herrero (PRO), Héctor Huici (PRO), Aníbal Ibarra (Frente Progresista y Popular), Daniel Lipovetzky (PRO), D. Martínez Barrios (PRO), V. Morales Gorleri (PRO), Oscar Moscariello (PRO), María Muiños (FPV), Fernando Muñoz (Liberación), Claudia Neira  (FPV), Claudio Palmeyro (Sindical Peronista), Paula Penacca (FPV), Natalia Persini (PRO), Fernando Petrella (PRO), Lorena Pokoik (FPV), Carmen Polledo (PRO), Daniel Presti (PRO), Roberto Quattromano (PRO), Francisco Quintana (PRO), María Rachid (FPV), Cristian Ritondo (PRO), Victoria Roldán Méndez (PRO), Lía Rueda (PRO), Federico Salvai (PRO), Gabriela Seijo (PRO), María Spalla (PRO), Jorge Taiana (FPV), Paula Villalba (PRO). Se abstuvieron: Javier Gentilini (Frente Renovador) y Graciela Ocaña, (Confianza Pública). Votaron en contra: Hernán Arce (Partido Socialista), Pablo Bergel (Verde al Sur), Alejandro Bodart (Movimiento Socialista de los Trabajadores), José Campagnoli (Nuevo Encuentro), Adrián Camps (Partido Socialista Auténtico), Patricio del Corro (Frente Izquierda y de los Trabajadores), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Pablo Ferreyra (Seamos Libres), Virginia González Gass (Partido Socialista Auténtico), María Gorbea (Suma+), Juan Nosiglia (Suma+), Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica), Hernán Rossi (Suma +), Gustavo Vera (Bien Común).

Por Plataforma 2012 - Grupo Promotor:
Osvaldo Acerbo, Julio Aguirre, Mirta Antonelli, Jonatan Baldiviezo, Héctor Bidonde, Jorge Brega, José Emilio Burucúa, Diana Dowek, Lucila Edelman, Roberto Gargarella, Adriana Genta, Adrian Gorelik, Alejandro Katz, Diana Kordon, Darío Lagos, Alicia Lissidini, Rubén Lo Vuolo, Gabriela Massuh,  José Miguel Onaindia, Patricia Pintos, Marcelo Plana, Daniel Rodríguez, Ana Sarchione, Beatriz Sarlo, Maristella Svampa, Rubén Szuchmacher, Nicolás Tauber Sanz, Jaco Tieffenberg, Enrique Viale, Patricia Zangaro.

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